Corregidora ordenó suspensión preventiva de obras de la porcícola

La corregidora de Santa Elena, Eliana Katherine Gómez Mejía, mediante Orden de Policía 102 fechada en noviembre 19 del 2020, ordenó “la suspensión preventiva e inmediata de actuaciones urbanísticas y/o demolición de obra”, para el caso del proyecto porcícola ubicado en la vereda Parte Central, predio de Paisandú, de la Universidad Nacional de Colombia.
De igual manera, en el documento, la funcionaria programó también una Audiencia Pública prevista para el 2 de diciembre próximo, a las 2 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Santa Elena, con citación para el coordinador de la Territorial Aburrá Norte de Corantioquia, el director del Departamento Administrativo de Planeación, el subsecretario de Control Urbanístico y las secretarias de Salud y Medio Ambiente.

Los argumentos
La Orden de Policía tiene como fundamento todo el proceso que se viene desarrollando, el desconocimiento del proyecto por parte de la comunidad, la falta de socialización de la universidad y el error en las vallas instaladas en la entrada del predio, que generaron más confusión, a pesar de que las directivas de la entidad educativa han señalado tener todos los documentos en regla.
En días pasados, la corregidora solicitó la verificación de las condiciones del proyecto a distintos funcionarios. Señala la reciente Orden de Policía que “si bien la licencia de construcción es un documento público, que goza de principio de legalidad, es menester que este despacho, ante las quejas y peticiones recibidas, haga el estudio correspondiente, a fin de determinar si se cumple o no con la normatividad vigente para el desarrollo de la referida obra, habida cuenta las manifestaciones de carencia de publicidad por los vecinos del sector, y las inquietudes sobre el manejo ambiental y la ubicación geográfica del proyecto”. Las solicitudes hechas por la corregiduría fueron:

1. A la Universidad Nacional, puntualizar información sobre la ejecución de la obra y otras inquietudes.
2. Al Curador Cuarto Urbano de Medellín, para que informe bajo qué parámetros se concedió la licencia ya mencionada e informe detalladamente el trámite adelantado por la
   Universidad Nacional.
3. Al Director del Departamento Administrativo de Planeación, con quien además se reunió, para que informe bajo qué parámetros otorgó concepto positivo para el desarrollo de dicho proyecto y si es posible desarrollar dicho proyecto en otra área de la extensión territorial propiedad de la Universidad Nacional.
4. A la Directora de Corantioquia, para que dé a conocer vigencia y capacidad de la concesión de aguas, otorgada en el 2016 y evaluar el impacto ambiental que tendrá el desarrollo de dicho proyecto en el Corregimiento.
5. Al subsecretario de Control Urbanístico, adscrito a la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín, sobre los presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística en dicho predio, si a ello hubiere lugar.

La suspensión
En la Orden de Policía, la corregidora señaló que aún no ha recibido respuestas a sus requerimientos oficiales y por tanto, procede a “emitir de manera preventiva, Orden de Policía, para suspender de forma inmediata cualquier actuación o trabajo constructivo que se esté realizando en dicho proyecto, por sí, o por terceras personas, hasta tanto se verifiquen las respectivos informes solicitados al Departamento Administrativo de Planeación, a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia y a la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín”.
Explicó, además, que la medida preventiva de suspensión no aplica para labores de aprovechamiento forestal, que cuentan con el correspondiente permiso otorgado por la autoridad ambiental, Corantioquia, para la tala de árboles, ni para la adecuación de las vías internas del predio, o reparaciones locativas internas.
De igual manera, la corregidora advirtió al propietario del predio, o sea la Universidad Nacional, “y a todas aquellas personas indeterminadas que en lo sucesivo realicen y/o inicien o continúen ejecutando obras de construcción, que el que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de
las decisiones u órdenes de las autoridades de Policía, incurrirá en conducta punible de FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL contemplado en el artículo 454 del código penal modificado por la ley 1453 de 2011”. Señala dicho artículo que, quien desacate una Orden de Policía como esta, “incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en el parágrafo del art 150 de la ley 1801 de 2016.”
Para el cumplimiento de dicha orden, la funcionaria notificó a la Universidad Nacional, a la policía del corregimiento y agregó que contra dicha Orden de Policía no procede ningún recurso, lo que indica que la Universidad Nacional debe cumplirla, sí o sí.