Por falta de información, Corregidora ratificó suspensión de obras de la porcícola

Ante la falta de información detallada sobre afectaciones a las fuentes de agua que surten varios acueductos del corregimiento, así como la ausencia de la solicitud actualizada de la concesión de aguas a Corantioquia, por parte de la Universidad Nacional de Colombia y, además, del persistente conflicto del proyecto porcícola con la comunidad aledaña en el sector de Paysandú, la corregidora de Santa Elena, Eliana Katherine Gómez Mejía, ratificó este 2 de febrero la medida de suspensión de las obras de la estación porcícola, que había impuesto mediante Orden de Policía 102 fechada en noviembre 19 del 2020.
Mediante Auto del 2 de febrero de 2021, la funcionaria ratificó la medida y también advirtió al propietario del predio – Universidad Nacional de Colombia- que si se desatiende dicha orden puede incurrir en fraude a resolución judicial, lo cual acarrea prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Argumentos
En la fundamentación de este pronunciamiento, la corregidora expresó que, aunque la Universidad Nacional asegura tener toda la documentación al día para el desarrollo de las obras, faltan aún certezas y respuestas en cuanto a documentos por ella solicitados o recomendaciones hechas en las visitas al predio. Se destacan:

  • Solicitud a Corantioquia, el 3 de noviembre del 2020, para que conceptuara sobre la vigencia y alcances de la concesión de aguas otorgada el 22 de noviembre de 2016. Al respecto, la corregiduría conoció la respuesta al derecho de petición de uno de los ciudadanos afectados, con fecha del 3 de diciembre del 2020. En dicha carta se recomienda explícitamente a la Universidad Nacional replantear el proyecto y determinar una nueva ubicación, teniendo en cuenta que se prevé un gran conflicto social, debido a que a menos de 100 metros de la actividad hay viviendas con ocupación permanente. De otro lado, Corantioquia admite que la actividad porcícola riñe con las dinámicas poblacionales del sector, ante lo cual afirma que la universidad está obligada a cumplir con las determinantes ambientales y lograr armonía con la comunidad aledaña. Finalmente, el documento de Corantioquia requiere a la Universidad Nacional para que “actualice sus necesidades de agua, bajo la nueva realidad que vive la Estación Agraria Paysandú, con el establecimiento de actividad porcícola en ciclo completo para un número indeterminado de animales”.
  • Otro argumento son las quejas formales presentadas por los acueductos Mutiveredal Santa Elena y San Pedro, cuyos representantes afirman que las fuentes del corregimiento son cada vez más escasas y que la mayoría de los nacimientos de agua que tienen influencia en el predio de la Universidad Nacional son, precisamente, los que surten los acueductos veredales.
  • Durante la audiencia pública del 2 de diciembre de 2020, la comunidad relató el mal manejo ambiental que ha hecho la universidad de la concesión de aguas. Dichas denuncias dieron pie a la inspección ocular realizada el 18 de diciembre de 2020, a la que asistieron funcionarios de las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Gestión y Control Territorial, Departamento Administrativo de Planeación, Observatorio Ambiental de la Personería de Medellín, Universidad Nacional, un edil de la Junta Administradora Local (JAL) y comunidad del sector.
  • Posteriormente, se solicitó una visita adicional a Corantioquia y a las secretarías de Salud y Medio Ambiente, para verificar el estado de la concesión de aguas, la cual se realizó el 22 de diciembre del año anterior. En oficio del 24 de diciembre resultado de esta inspección, estas dependencias conceptuaron que “existen falencias y debilidades en la captación, aducción y provisión de agua para el proyecto”. De igual manera, indicaron que hicieron un intento para verificar el caudal, cuyo resultado afirmaron no fue certero, debido a “las condiciones encontradas en el terreno, la deficiencia en las estructuras para la captación y la instalación de motobombas que no permiten evidenciar el caudal real tomado de la fuente (aplica para las seis captaciones)”. En el informe se expresa que la Universidad Nacional debe ser la que tome la concesión de aguas, ser la responsable de adecuar las instalaciones y velar por su buen funcionamiento, para captar lo que tiene asignado por la autoridad ambiental. Esto con el fin de prever que no haya desabastecimiento para la comunidad. Aquí hicieron énfasis en que hay “conexiones erradas para otro tipo de usos de la comunidad”.
  • Para la fecha de este auto de ratificación de la medida de suspensión, la corregidora señala que aún no existe informe técnico de Corantioquia, que certifique que la Universidad Nacional acató las recomendaciones que se hicieron durante la visita, asunto que tampoco ha sido informado a la corregiduría por parte de la Universidad Nacional.

De nuevo, para el cumplimiento de dicha orden, la funcionaria notificó a la Universidad Nacional, a la policía del corregimiento y agregó que contra dicho auto no procede ningún recurso, lo que indica que la Universidad Nacional debe cumplirla, sí o sí y la Policía verificar que sí la cumpla.

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