Proyecto porcícola, ahora tiene encima una Acción Popular

La más reciente dificultad para el proyecto porcícola que la Universidad Nacional espera construir en su predio de Paysandú, en Santa Elena, es una Acción Popular. El recurso, interpuesto por varias personas de la comunidad a finales de enero, solicita la suspensión inmediata de la construcción del Centro de Producción Porcícola en Paysandú, con el argumento de que dicha iniciativa no es viable ambientalmente. La Acción Popular fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia a comienzos de este mes de febrero, instancia que definirá el futuro del proyecto en el corregimiento.
La demanda fue interpuesta contra la Universidad Nacional, la constructora Ménsula S.A. y el curador urbano cuarto de Medellín, Manuel José Vallejo Rendón. De igual manera, vincula a la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia, Corantioquia, por la relación directa con el objeto del proceso de dicha demanda, por ser la autoridad ambiental en la zona del proyecto.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia no sólo admitió la demanda sino que comunicó a la Defensoría del Pueblo sobre su existencia. De igual manera, invitó a personas naturales o jurídicas, así como a organizaciones populares, cívicas, similares y al personero municipal para aportar información relacionada con la demanda, antes de que se profiera fallo de primera instancia y en protección o defensa de los derechos e intereses colectivos convocados.

El proceso
Mientras esta Acción Popular avanza, Corantioquia viene realizando inspecciones y visitas para verificar las condiciones ambientales del predio, así como el cumplimiento de normativas en relación con el agua y los vertimientos. Por su parte, la corregidora de Santa Elena, Eliana Katherine Gómez, también ha tomado medidas preventivas al respecto.
El requerimiento más reciente por parte de Corantioquia, con fecha del 20 de enero de 2021, señala lo siguiente y ordena a la Universidad Nacional:

• Suspender de inmediato tres (3) de las seis (6) las captaciones de agua al interior del predio, las cuales desbordan o superan el caudal otorgado. Esto debido a que en visita de inspección (diciembre 20 de 2020) se encontraron en el predio algunas captaciones de agua diferentes a las autorizadas por Corantioquia en la concesión de aguas que tiene vigente la Universidad Nacional, con fecha de 2016 y sobre la cual no ha hecho ninguna solicitud de ampliación. Esto incluye algunas tomas con motobomba, que no están autorizadas. La universidad debía suspender dichas obtenciones del recurso, enviar evidencia a Corantioquia de dicha suspensión y eliminar la infraestructura de esas captaciones, ya que el ente de control afirmó que eran antitécnicas. La resolución de concesión de aguas le autoriza a la universidad una captación de 2.7279 litros por segundo (lts/s) y durante la visita se evidenció que está tomando aproximadamente 4.90 lts/s. Según Corantioquia, “se están captando caudales significativamente superiores a los caudales otorgados”. A esto se suma que la universidad no tiene una estrategia para controlar los caudales ni el consumo de agua.
• En un término de dos (2) meses, construir obras de control y reparto para las otras cinco (5) fuentes de agua otorgadas, a excepción de una que capta mediante motobomba, pues insiste Corantioquia que para esa no tiene autorización.
• En el término de un (1) mes (más o menos por estos días), presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Simplificado, con la descripción de todos los puntos de captación de agua.
  Corantioquia advierte que la revisión de la concesión está supeditada a la oferta hídrica y que la actividad debe ajustarse al uso adecuado de los recursos. La entidad insiste en que la Universidad debe concentrarse en las condiciones iniciales de cuando se otorgó la concesión de agua, justificar sus actividades técnicas y ambientales, con la advertencia muy clara de que el agua es insuficiente.
• Corantioquia señala también en dicho informe que “la universidad no ha manifestado cambio de la situación actual por la cual se otorgó la concesión, y para ello en caso de ameritar cambio a las condiciones actuales, el beneficiario de la concesión, deberá poner en conocimiento a la autoridad y justificar las necesidades del cambio con información técnica y ambiental que la soporte”.

Por ahora, el futuro del proyecto se encuentra en manos del Tribunal Administrativo de Antioquia. Mientras tanto, la Universidad Nacional deberá resolver asuntos al interior de su predio que aseguró, en octubre de 2020, que tenía perfectamente controlados y licenciados.