La herida de Santa Elena como una oportunidad

Foto Portada: Imagen de la Vereda El Plan, 2023, tomada de Mapas Medellín (www.medellin.gov.co)

El Corregimiento de Santa Elena atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. La bomba de tiempo, de la que tanto se habló desde hace varios años, estalló recientemente con la ejecución por parte de la Corregiduría de Santa Elena de algunas demoliciones por infracciones a las normas urbanísticas.
La presión sobre Santa Elena viene dándose por múltiples factores: las construcciones desaforadas sin licencias, también mediante estafas o por desconocimiento o con pleno conocimiento por negocio de personas inescrupulosas, en sitios restringidos o prohibidos; las múltiples interconexiones (ilegales) al servicio de agua; la falta de definición de la capacidad de carga del territorio para evitar el desabastecimiento de agua, además del descontrol en los vertimientos (aguas negras) en diferentes sectores, que ponen en riesgo la salud de las personas y contaminan las fuentes hídricas que surten los acueductos. Afectaciones al medio ambiente y gravemente al recurso agua, cuya presión y usos indebidos ya tienen colapsados a cinco de los siete acueductos veredales del territorio.
El escenario es realmente dantesco y más que buscar culpables, es momento de encontrar soluciones. La ley no es negociable, dice la administración distrital, pues las órdenes de demolición, indica, han tenido el debido proceso, hasta de dos años, en los que los afectados pudieron ponerse al día con los trámites, presentarse ante la Corregiduría y subsanar la situación. Algunos lo han hecho, otros siguieron con las construcciones y el proceso para las demoliciones continuó. Sin embargo, en esta coyuntura de tensión e incertidumbre para la gente del corregimiento, tal vez se puede conversar al respecto y buscar alternativas.

Aunque la idea de este editorial no es buscar responsables sino proponer soluciones, que en este punto del camino ya son urgentes, hay que hablar de la historia del territorio, porque sí hay varios acontecimientos que tienen hoy a Santa Elena como está.
Santa Elena, territorio con inmensas potencialidades ambientales, fue mirado por Empresas Públicas de Medellín a comienzos del siglo pasado como reservorio hídrico para generar agua para la ciudad. Así nació la represa de Piedras Blancas. A la par, la entidad compró a los nativos las tierras de esa zona, con la intención de proteger la cuenca alta. Esa es justamente la zona que hoy se denomina Arví.
En 1970, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, creó la Reserva Nacional Forestal Protectora del Río Nare, con el fin de proteger los bosques, los recursos hídricos y el ecosistema en general. Dicha Reserva, con jurisdicción en los municipios de Medellín, Rionegro, Envigado, Guarne y El Retiro, tiene una extensión de 8.849 hectáreas y hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la redelimitó mediante la Resolución 1510 de 2010. En esta redelimitación se sustrajeron las áreas de la zona denominada Arví para las construcciones de los núcleos del Parque Arví, el Fuerte de Carabineros, en Piedras Blancas y los desarrollos que se hicieron en Mazo, como la sede de Sapiencia.

En el 2000, Corantioquia aprobó el Plan Maestro del Parque Regional Ecoturístico Arví, que empezaría a materializarse en 2007. Para este año, Santa Elena apenas tenía 11.644 habitantes, cuando nace la Corporación Parque Arví, para operar la zona que lleva el mismo nombre, en terrenos entregados en comodato por EPM, en las veredas Piedras Blancas, Mazo, Piedra Gorda y Barro Blanco y otras de Guarne. La entidad dinamizó algunos procesos de la economía local (hoy Mercado Arví) y ambientó la llegada del Cable Arví. Para aquella época, 2008-2010, se dieron las primeras reflexiones recientes (hubo otras en los 70 luego de la declaratoria de reserva) sobre cuál debería ser la vocación del territorio; acerca del acelerado cambio de actividades agrícolas hacia las de servicios y turísticas y sobre el futuro de una comunidad que fue forzada a dedicarse a otra cosa diferente a sembrar, por el ánimo de la Alcaldía de Medellín de proveerle un ‘parque’ a la ciudad. Hubo todo tipo de intentos de ‘cerrar’ la zona (época en la que hasta se construyeron las porterías para la zona de Arví, una de ellas en el parqueadero Los Grajales, que hoy no tiene ninguna utilidad para el territorio) y se presentaron hechos arbitrarios y muy dolorosos para la comunidad, como la demolición de la sede mutual de Mazo, donde hoy está Sapiencia (asunto que sigue en litigio porque al parecer los terrenos no eran espacio público, pertenecían a la Curia y ella se los había donado a la comunidad). Siempre se les dijo a las entidades gubernamentales que no debían perder de vista que era un parque con gente adentro, que era importante tenerla en cuenta, dialogar, hacer pedagogía y resolver asuntos como las densidades (número de casas que se pueden construir según uso del suelo en un determinado espacio de hectáreas). También se solicitaba en 2010, regularizar viviendas sin licencias o las de los nativos, subdivididas de manera natural por aquello de las herencias. Entonces, se les suplicó a las autoridades que no podían (ni debían) limitar los derechos de una comunidad en favor de desconocidos que llegarían al territorio a usufructuar sus paisajes y sus beneficios ambientales, culturales o económicos. En 2009, el cable hizo su parte. Única línea turística del sistema metro, el Cable Arví no permitió la integración de la comunidad a la ciudad a través de tarifas diferenciadas y aunque hoy eso es posible, el beneficio para la zona no es masivo porque funciona en horario turístico y no integra a todo el territorio. Esa línea turística fue inaugurada cuando no había infraestructura para recibir visitantes (ni baños, ni recipientes de basura, ni frecuencias de transporte para integración con la centralidad u otras veredas) y a todo un territorio le tocó adaptarse a una nueva realidad que no había pedido y que le fue impuesta. 13.456 habitantes tenía Santa Elena en 2009 y el cable permitió que muchas personas llegaran masivamente y se antojaran de vivir en nuestro paraíso. A otras en el territorio que antes sembraban pero que ya no contaban con suficiente apoyo estatal para la agricultura, el nuevo escenario las puso a pensar que era mejor y más rentable construir casas para alquilar o incluso, vender pedacitos de tierra para esos que querían llegar a vivir a Santa Elena. Para 2019, ya había en Santa Elena 24.953 pobladores. La pandemia por Covid19 dio el resto del empujón y ya somos 31.002 habitantes (probablemente más) y aproximadamente 9.000 flotantes cada fin de semana.

Mucho ha pasado para llegar a este panorama de hoy: constructores sin escrúpulos estafando con la venta de predios; nativos y foráneos construyendo sin licencia y afectando recursos naturales; desarticulación institucional que no se pone de acuerdo sobre lo fundamental (las densidades, por ejemplo, o la regularización); entes gubernamentales que no hablaron durante años de los problemas de Santa Elena y más bien los escondieron debajo del tapete; algunos corregidores anteriores y policía corrupta que prefirieron recibir dinero para no molestar a los constructores ilegales; un Plan de Ordenamiento Territorial desactualizado (2014), que no se puede actualizar hasta 2027 y que no conversa con la realidad rural de la ciudad y una parte de comunidad indolente y apática que se movió con el ‘no me afecta, no me interesa’. Para dar un ejemplo, el asunto de las densidades es tan complejo, que llevan varios años (dos gobiernos locales) tratando de ponerse de acuerdo para esa definición, porque la realidad superó la norma hace rato.
Es una larga lista de eventos desafortunados para un territorio que no merece la suerte que hoy tiene pero que sí requiere acciones urgentes, desde todos los frentes, para salir adelante y solucionar este impase.
Pero es una invitación para todos, Santa Elena ya es un territorio mixto, no es un asunto sólo de nativos, campesinos, silleteros, foráneos, llegados, finqueros, neocampesinos, neorurales (o el nombre que le quieran dar), cada uno aparte. Este no es momento para el ‘no me afecta no participo’ que tanto daño le ha hecho al territorio, es una coyuntura crucial en la que deben darse las conversaciones incómodas que no se han propiciado en el pasado y que deben materializarse en soluciones concretas a las problemáticas (graves) que tiene Santa Elena.

Es un asunto que compete a todas las personas y organizaciones que disfrutamos este terruño y que debemos comprometernos en la búsqueda de alternativas para superar la situación. Y no es un asunto que puedan solucionar sólo los silleteros, que siempre el resto de la comunidad espera, con este y otros temas, que salgan a bloquear las vías y a protestar amenazando con que no hay Feria de Flores y ya está. Ellos son un actor más de muchos que hay en Santa Elena.
Este es un punto de inflexión en el corregimiento en el que nos debemos sentar a conversar, todos, personas y organizaciones locales con todas las autoridades y las administraciones de los municipios de Guarne, Rionegro y Envigado. Y en este punto, insistir: Santa Elena es un Territorio Cultural compuesto por veredas en cuatro municipios, los cuales comparten problemáticas debido a la simbiosis geográfica que tiene esta zona y no es posible seguir tratando las dificultades aparte, sin ninguna articulación, porque lo que se controla en Medellín se desborda en los otros tres municipios por desarticulación y falta de lenguaje unificado.
En ese sentido, se abona la intención de los participantes de la mesa de concertación instalada esta semana, como iniciativa de la comunidad con el acompañamiento de la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, que insistieron en los siguientes puntos

1. Vallas que informen directamente la prohibición de construcción en diferentes zonas y los mecanismos de regulación, para garantizar una adecuada información.
2. La administración distrital debe propiciar articulación con el gobierno nacional para realizar procesos de normalización de predios.
3. Se requiere un estudio a detalle de las densidades urbanísticas para que se conozca la realidad del territorio (#predios, #viviendas, situación jurídica de las viviendas).
4. Generar un proceso de discusión comunitario que sirva de base para los insumos de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.
5. Concertar de manera democrática con las autoridades competentes los lineamientos de reglamentación para la zona.
6. Establecer la capacidad de carga turística para el corregimiento.
7. Aplazamiento de los procesos de demolición hasta que se agote el proceso de concertación.
8. Aplicación de la Observación 4 de la ONU con respecto a la intervención de viviendas.
9. Intervención sicosocial para la comunidad para proteger la salud mental de las personas afectadas.
10. Proceso de compraventa para los propietarios de predios afectados que deseen enajenarlos.

Lo que sugerimos desde este medio de comunicación es que, aunque la ley no sea negociable y se hayan surtido los debidos procesos para estas demoliciones, se conserve el respeto por los seres humanos, que haya acompañamiento sicosocial a las familias afectadas y que se mantenga, en primer lugar, el interés de conversar para intentar resolver las dificultades que tienen el territorio y estas familias. De otro lado, oramos con vehemencia para que haya mucha luz en los corazones de las partes involucradas en estos procedimientos, especialmente el de mañana, 29 de mayo, porque la demolición prevista no fue suspendida.

*Cifras oficiales del Departamento Administrativo de Planeación (Perfiles demográficos 1993-2020)

A propósito de todo lo que ocurre, aquí les dejamos publicaciones anteriores relacionadas:

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