La Iglesia de Santa Elena, entre la demolición y la conservación del patrimonio

Informe Especial de Viviendo Santa Elena
El templo de la parte central de Santa Elena ajusta, en este mes de diciembre, tres años y nueve meses evacuado y cerrado, debido a las grietas, cuya causa aún hoy se desconoce. Ese deterioro, que no ha frenado y, peor aún, se ha intensificado, tiene a la iglesia a punto de demolición y activó también el debate sobre el patrimonio y la conservación.
La historia empieza en 2018. A punto de comenzar la Semana Santa de ese año, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, DAGRD, ordenó la evacuación de la iglesia y de cuatro casas y un local de la Familia Hincapié, a un costado del parque principal. Lo que ha seguido desde entonces ha sido un verdadero calvario, entre conceptos técnicos, sesiones y comisiones accidentales en el Concejo, estudios como el realizado por Artinco que eximió de responsabilidad al Túnel de Oriente y la indiferencia estatal (al menos en el caso de la Familia Hincapié, a la que no le dieron opción diferente a demoler pero sin ningún acompañamiento por parte de la Alcaldía, salvo el albergue, que la familia rechazó por tratarse de adultos mayores).

Grietas
Es importante recordar que los agrietamientos se presentaron en la centralidad pero también en otras veredas de Santa Elena, lejanas al parque. El estudio realizado por la empresa Artinco (contratado por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU- en 2018) y concluido el 25 de diciembre de 2018, entregó como conclusión que las obras del Túnel nada tuvieron que ver con las grietas en la parte central. Además, dicho estudio sugirió realizar un análisis hidrogeológico para verificar la distancia a la que están de la superficie las aguas subterráneas que circulan por la parte central. De igual forma, recomendó repotenciar cimientos y estructuras en la Iglesia y la escuela para ajustarlas a la norma de sismo resistencia (NSR-2010) y demoler las viviendas y local de los Hincapié.
Fue así como en 2018 empezó la historia que les contamos en este informe especial. Es el camino que ha recorrido la Iglesia de Santa Elena, que transita hoy hacia la demolición y una nueva construcción, entre la aceptación por buena parte de la feligresía y el llamado a la preservación del patrimonio, por parte de algunas personas cercanas a la cultura en el territorio.

Completamente artesanal
La iglesia fue construida en 1945 por los líderes de la época, quienes poco sabían de obras ingenieriles o de sismo resistencia. Sólo querían tener su lugar de culto y reunión espiritual y se pusieron manos a la obra, con toda la recursividad que tenían, aunque de manera muy intuitiva y artesanal. La iglesia se hizo con los esfuerzos económicos y físicos de todos.

Una vez en pie, el templo y sus celebraciones dependían de la Iglesia de Buenos Aires, desde donde subía sacerdote a oficiar misa. Sólo 16 años después, en 1961, esta capilla fue erigida como parroquia.
A pesar de su construcción tan artesanal y sin técnica, la Iglesia de Santa Elena resistió durante muchos años intacta, sin agrietarse. Las grandes afectaciones ocurrieron en la etapa final de la construcción del Túnel de Oriente entre 2015 y 2018. Es importante recordar que el túnel pasa justo por debajo de la parte central del corregimiento, a pocos metros bajo tierra de la iglesia, la casa cural, el cementerio y la escuela. La iglesia tampoco se hizo atendiendo a normas de sismo resistencia, pues en 1945 no existían, que apenas fueron promulgadas después de los temblores de Manizales en 1979 y Popayán en 1983 y actualizadas en 2010 con la NSR10 o Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

Puede leer una nota relacionada: http://www.viviendosantaelena.co/una-parroquia-de-58-anos-sin-su-templo/

Aspirante no declarada
2018 fue el año del desalojo. En marzo 27 se expidió la orden de policía número 14, mediante la cual se ordenó la evacuación temporal del templo, cuatro viviendas (Familia Hincapié) y un local (antiguo Monasterio) de la parte central.
En abril 3, el padre anterior, John Jairo Soto Echeverry, recibió respuesta por parte del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) a la consulta sobre la normativa aplicable a la parroquia y la factibilidad de construir un nuevo templo. En esa respuesta, el DAP le indicó que el predio de la parroquia está en suelo rural – suburbano y según el Acuerdo 048 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial –POT-) se le asigna tratamiento de consolidación urbana nivel 1, usos mixto urbano rural. Se le informó que el lote completo (con casa cural, cementerio y locales) tiene un área de 14.374,52 metros cuadrados y que se trata de áreas para la localización de equipamientos, máximo de dos (2) pisos. También le informaban que el templo está ubicado dentro de un polígono de paisaje cultural (determinado así por el Plan Especial de Ordenamiento Corregimental, PEOC), incluido en el POT como bien valorado no declarado de tipo paisajístico, “debido a que presenta características asociadas al paisaje natural y a los valores tradicionales de la cultura propia del lugar, tales como construcciones de viviendas campesinas típicas antioqueñas (de tipologías antiguas), estructuras tradicionales como muros de contención y vallados en piedra, sistemas productivos y procesos asociados a la agricultura tradicional, presencia de hallazgos y sitios arqueológicos, entre otros”. Le informaron, además, que la iglesia aparecía dentro de la LICBIC, es decir la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, lo que significaba que apenas era aspirante y no tenía declaratoria como tal.

Sin embargo, le explicaban que si se iba a intervenir, debía conservar la altura original hacia el exterior; no sobrepasar el índice de ocupación máximo permitida para el polígono; conservar los antejardines, si se tenían y la modificación de la fachada no podría alterar la relación predominante entre los elementos verticales y horizontales en el conjunto en el que se localizaba. También que, para cualquier obra o trabajo se requería concepto favorable o aprobatorio, para lo cual la Curia debía tramitar el respectivo formulario de solicitud. Al final, el DAP ofrecía “asesoría jurídica y el acompañamiento técnico básico para el desarrollo de los proyectos de intervención en polígonos patrimoniales”.

2018, reuniones e incertidumbre
Abril 9 de 2018. Se instaló la Mesa Técnica, conformada por el corregidor de entonces, Wbeimar Cano; DAGRD; Dapard (Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres en Antioquia, hoy DAGRAN); Cornare; Corantioquia; EDU; Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia; Junta Administradora Local; Subsecretaría de Gobierno; Policía Nacional; Concesión Túnel Aburrá Oriente; Gerencia de Corregimientos y secretarías de Movilidad y de Gestión y Control Territorial de Medellín. Se determinó la necesidad de varios estudios, estos fueron: geoeléctrica (contratado por el Túnel de Oriente); televisación de la red de alcantarillado de la centralidad (realizado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de Medellín); levantamiento topográfico (efectuado por el Túnel de Oriente); medición de vibraciones (contratado por el Túnel de Oriente) y el estudio de análisis, conclusiones y recomendaciones de la problemática, que contrató la EDU con la empresa Artinco.

Abril 13 de 2018. Comisión accidental del Concejo en la Institución Educativa Santa Elena. Apenas empezaba a analizarse el tema.
Mayo 2 de 2018. Otra Comisión accidental del Concejo, sin mayores avances.
En junio de 2018 llega el padre Byron Saldarriaga Restrepo como párroco a Santa Elena y continúa el proceso.
Julio 3 de 2018. Sesión ordinaria del Concejo de Medellín, en la que el DAGRD informó a esa fecha los avances de las diferentes entidades.
Agosto de 2018. Comenzó el estudio contratado por la EDU con Artinco para averiguar las causas de las grietas y con finalización el 19 de diciembre del mismo año. El contratista entregó oficialmente el informe final a la EDU en diciembre del 2018, sin embargo, la comunidad sólo conoció dichos resultados el 5 de junio de 2019.

2019 y aún sin información
Para leer el editorial que escribimos para la época, a comienzos de 2019, aquí está el enlace: http://www.viviendosantaelena.co/que-nos-ocultan/
Marzo 22 de 2019. Comisión Accidental del Concejo de Medellín. Muchas intervenciones, sin conclusiones.
Mayo 22 de 2019. De nuevo Comisión Accidental del Concejo de Medellín. Otra vez, muchas intervenciones y ambientación sobre los resultados del informe de Artinco, que aún no conocía la comunidad pero que ya había sido entregado oficialmente a la EDU. La conclusión que se ambientó y que la comunidad ya temía, es que ninguna obra o proyecto de los que se ejecutaban o se habían construido recientemente en el corregimiento generó los agrietamientos de la parte central. Esto descartaba de tajo, entre otros proyectos, la responsabilidad del Túnel de Oriente.
Junio 5 de 2019. Presentaron el informe de Artinco, según el cual las fisuras se generaron por la debilidad de los suelos y la poca capacidad de soporte, así como por las aguas subterráneas que tiene la zona. Para leer el detalle, le invitamos a ingresar a estos enlaces: http://www.viviendosantaelena.co/conclusion-anticipada-tunel-de-oriente-nada-que-ver-con-grietas/
http://www.viviendosantaelena.co/estudio-de-artinco-no-concluye-sobre-las-grietas/

Cartas sin respuesta oficial
Julio 12 de 2019. Con el informe ya publicado y conocido por la comunidad, un grupo de feligreses con apoyo de la parroquia, envió cartas a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y al Concejo, en las que solicitaban apersonarse y no dejar a Santa Elena sola, a pesar de los resultados del informe de Artinco. Esta carta sólo fue respondida de manera oficial por la Gobernación, el 13 de septiembre de 2019. En su respuesta, la Gobernación narró todos los hechos cronológicos desde que se decretara la emergencia en 2018 y agregó que existe un acta de vecindad, elaborada en 2012 sobre las edificaciones de la parroquia y la casa cural, antes de iniciar las obras del túnel. En dicha acta de 2012, dijo la Gobernación, se evidenciaba la existencia de grietas en los mismos muros reportados en 2018. De igual manera, la respuesta oficial, remitía a todos los detalles del estudio de Artinco, e insistía en que se descartaban las vibraciones generadas por las voladuras para la construcción del túnel, otras producidas por volquetas y construcción de equipamiento público y más bien, como decía el informe de Artinco, “la situación del corregimiento se debe a las condiciones físicas del suelo”.

2020 y una pandemia
El año anterior, el tema de la iglesia pasó a un segundo plano y se diluyó en medio de la contingencia por la llegada de la Covid19, la cuarentena y las medidas restrictivas.
Sin embargo, por recomendación oficial, la parroquia debía contratar un estudio patológico y un peritaje estructural, el cual fue realizado por los ingenieros civiles José Alfonso Ramírez Restrepo y Jonathan López Román, en agosto de 2020, el cual se ejecutó con dineros de la parroquia. Este estudio señala que “se identifica que la estructura de la edificación conformada por muros de mampostería no reforzada, se encuentra altamente deteriorada, debido a un comportamiento desfavorable del suelo donde se encuentra cimentada; este mal comportamiento se ve reflejado en pisos del andén y pavimento flexible ubicado en el exterior, al igual que en los pisos al interior del templo y en un alto grado de agrietamiento de los muros estructurales…”. El informe concluye que “técnicamente para esta edificación se descarta un reforzamiento o reparación del sistema estructural, ya que una correcta reparación implicaría intervenir en su totalidad el sistema de cimentación y de la totalidad de los muros que componen el sistema estructural, para lo cual sería necesario el desmonte de la cubierta y la demolición de la totalidad de los muros. Por su alto grado de deterioro e inviabilidad para su reparación se recomienda que esta edificación sea evacuada y demolida”.

Plan de acción del DAGRD
Septiembre 10 de 2020. El DAGRD siguió haciendo monitoreos constantes en la parte central y con evidencia del aumento en las grietas, tanto de la Iglesia como de la casa cural, elaboró un plan de acción para la reducción del riesgo de desastres. En esa fecha, le informó a la parroquia sobre ese plan, el cual contiene medidas estructurales y no estructurales. Aquí les compartimos el documento del plan de acción.

Como en dicho documento se proponía a la parroquia “Realizar el monitoreo estructural y geotécnico necesario para hacer el respectivo seguimiento a la problemática y verificar el comportamiento del estrato arenoso detectado en uno de los sondeos exploratorios…”, se contrató, con recursos propios provenientes de los feligreses, un estudio de geotécnico y de suelos. Ese análisis señaló, entre otras conclusiones, que como “formación superficial existe una arcilla de alta plasticidad (CH), cuyo comportamiento geotécnico puede resultar contraproducente para las estructuras del sector, niveles freáticos casi en superficie, cimentaciones superficiales no aptas para el tipo de suelo y el tipo de cargas transmitidas, lo que las convierte en edificaciones vulnerables, edificaciones que no cumplen con la norma NSR10…” (DAGRD, 2021)

2021 y las definiciones
El 12 de enero, la nueva corregidora, Eliana Katherine Gómez Mejía, solicitó al DAGRD actualizar el informe técnico sobre la situación de la iglesia, con el fin de que se tomaran las medidas pertinentes. De igual forma, también ofició al DAP, para indagar sobre la condición patrimonial de la construcción, dado el riesgo de colapso inminente.
Febrero 5 de 2021. Respondió el DAP que, con base en lo estipulado en el POT (Acuerdo 48 de 2014, artículo 140), el cementerio y la parroquia de Santa Elena se encontraban listados como “Bienes de valor patrimonial no declarados” los cuales conformaban el Listado Indicativo de Candidatos a Bienes de Interés Cultural –LICBIC-, instrumento en el que se incluyen los bienes inmuebles identificados, reconocidos y que cumplen preliminarmente con los valores y criterios de valoración históricos, estéticos y simbólicos, pero que carecen del acto administrativo de declaratoria como Bienes de Interés Cultural –BIC-. En la respuesta, el DAP sugirió, por sus valores patrimoniales (aunque no declarados como tales), que “las intervenciones que se pretendan acometer en este inmueble sean presentadas ante la Subdirección de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación”. La respuesta contenía, además, los detalles de la carta de abril 3 de 2018 al párroco anterior, sobre un bien ubicado en un Paisaje Cultural. Finaliza la comunicación del DAP, ofreciendo “acompañamiento técnico y jurídico para los proyectos de intervención que se pretendan realizar en polígonos con tratamiento de conservación patrimonial”.

Febrero 12 de 2021. DAGRD respondió informando que el 5 de febrero personal especializado en estructuras y geotecnia visitó la parroquia y agregó que refrendaba comunicaciones anteriores en las que se sugería “… evaluar la pertinencia de realizar dicho reforzamiento o, en su defecto, llevar a cabo la demolición y reconstrucción de la iglesia. Así mismo, se recomienda evaluar las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la casa cural y llevar a cabo un monitoreo geotécnico y estructural que permita hacer el respectivo seguimiento de la problemática”. Lo anterior, mencionó el DAGRD, por el alto estado de deterioro de la estructura, ya que carecía de un adecuado sistema de cimentación y que fue construida incluso antes de la entrada en vigencia del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. También indicó que, en consideración a las condiciones patrimoniales, enviaba comunicación a la Secretaría de Cultura Ciudadana para que analizara con detalle el caso y determinara a la luz de la normativa, la pertinencia de demoler o realizar otro tipo de intervención en la parroquia y su casa cural, teniendo en cuenta su daño estructural y el concepto de los particulares.

Marzo y una reunión definitiva
Marzo 17 de 2021. En esta fecha se realizó una reunión citada por el DAGRD con todas las entidades y personas implicadas, cuyo objetivo era “evaluar la pertinencia de demoler la estructura o realizar otro tipo de intervención en la parroquia y su casa cural, teniendo en cuenta su daño estructural y el concepto de los estudios particulares contratados por la parroquia”. En dicho encuentro se informó todo lo acontecido hasta el momento, los resultados de los estudios estructurales realizados por la parroquia; los análisis geotécnicos efectuados por el DAGRD, que ratificaban las conclusiones del estudio hecho por la parroquia y en el cual se recomienda demoler debido a las graves fallas estructurales y debilidad de las fundaciones o cimientos. El secretario de Cultura señaló que su dependencia se acogía a las recomendaciones del DAGRD pero sugería que, en caso de demolerse, se conservara algún elemento representativo de la memoria de la iglesia. Las demás entidades presentaron sus actividades en relación con el plan de acción y se concluyó indicando que la Secretaría de Cultura Ciudadana no era la encargada de dar concepto sobre la normativa para demoler un bien inmueble sino el DAP, por lo que se remitía a esa dependencia la inquietud para solicitar ese criterio.
En la misma fecha, la corregidora envió solicitud a Corantioquia, entidad ambiental competente, para que realizara visita técnica con el fin de dar concepto sobre la solicitud que le hacían a la Corregiduría en el plan de acción emitido por el DAGRD, según la cual ese despacho debía “realizar las gestiones necesarias para condenar la captación y el sistema de conducción de agua que surte el tanque de acueducto ubicado en el predio superior de la Parroquia, con el fin de evitar el vertimiento permanente de aguas sobre el terreno, previo concepto de la autoridad ambiental competente”. A la fecha de la publicación de este informe, esa solicitud no ha tenido respuesta por parte de Corantioquia.

Conservar o demoler?
Mayo 21 de 2021. Sobre una nueva consulta de la parroquia, la Secretaría de Cultura Ciudadana respondió con la misma información que ya había enviado el DAP el 5 de febrero de 2021, sobre la condición de integrante de la LICBIC. Agregó que, por tratarse de un bien de valor patrimonial – no declarado – candidato a Bien de Interés Cultural Municipal –LICBIC-, “cualquier intervención implica un manejo especial de la misma a partir de pautas y criterios claros para conservar la edificación teniendo en cuenta para la formulación de acciones tendientes a su mantenimiento sea cual sea su intervención final, pero siempre orientado hacia el propósito de mantener este Bien Inmueble en el tiempo”. Así mismo, explicó que quien deseara intervenir un inmueble valorado como de interés cultural, debería contar con la autorización de la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica del DAP. Afirmó, además, que “la Secretaría de Cultura Ciudadana como facilitadora de los procesos de apropiación social del patrimonio, no se constituye, entonces, en la entidad competente para autorizar las intervenciones en Bienes Valorados declarados o no, de Interés Cultural Municipal o Nacional, pero advierte que “como entidad que vela por la conservación y puesta en valor del Patrimonio de la ciudad, en este caso la Iglesia de Santa Elena, también es necesario que se considere sopesar los riesgos frente a la integridad física y la vida de las personas que hacen uso de la parroquia”. Dijo también, que remitió a la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad del DAP solicitud de revisión para retiro de la iglesia de Santa Elena de la LICBIC, con el fin de que se pronuncie en relación con el estado actual de la estructura del inmueble y de la pertinencia de practicarle acciones encaminadas a la repotenciación de la misma y que le permitan un cumplimiento de la norma sismo resistente o, en su defecto, sobre su demolición para levantamiento de una nueva estructura de uso similar.

Salió de la LICBIC
Julio 26 de 2021. Se expidió el Decreto 0593, mediante el cual se actualizó, entre otros, la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -LICBIC-. Para el caso de Santa Elena, continúan en dicha lista El Campín (edificio de la Casa de Gobierno), el Cementerio y el parque principal, más no la Iglesia. Este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial 4864 de 2021.
Julio 28 de 2021. Planeación le informó a la parroquia que se reunió el Comité de Paisaje y Patrimonio (órgano asesor y de fortalecimiento para la gestión, regulación y manejo de los Bienes de Interés Cultural declarados y de los sectores de conservación en los temas de Patrimonio Cultural inmueble y paisajístico del municipio). Indicó que en las sesiones del 11 y el 21 de mayo de 2021, se realizó la primera sesión y en ella “se puso en consideración la permanencia, en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito Municipal – LICBIC-, del inmueble denominado “Iglesia de Santa Elena”, ubicado en el Corregimiento de Santa Elena”. Explicó el DAP que “después del análisis y la deliberación respectiva a partir de las justificaciones tanto técnicas como jurídicas presentadas, se recomendó por parte de los integrantes de dicho comité excluir de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural el inmueble denominado Iglesia de Santa Elena”.

Un comité oficial, sin comunidad
El Comité de Paisaje y Patrimonio lo conforman como integrantes permanentes el director(a) de Planeación o su delegado, quien lo preside; el secretario(a) de Cultura Ciudadana o su encargado; el secretario(a) de Medio Ambiente o su representante; el secretario(a) de Infraestructura Física o en quien delegue; el secretario(a) de Gestión y Control Territorial o a quien asigne; el subdirector(a) de Planeación Territorial del DAP o a quien encargue; el director(a) de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas –APP- y un representante de la Gerencia del Centro. Pueden participar en las sesiones del Comité, previa invitación y con voz pero sin voto, un representante del Ministerio de Cultura; un delegado del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia; el Secretario de Hacienda o su encargado; Consejo Municipal de Cultura (mesa de patrimonio); un representante de Gerencia de Corregimientos; un representante de las universidades que tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural; un delegado de instituciones públicas o privadas de salvaguarda o conservación del patrimonio cultural; un delegado de las entidades privadas o las ONG legalmente constituidas con funciones relacionadas con el patrimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico y un representante de la comunidad impactada.
Según el acta de la primera reunión del Comité de Paisaje y Patrimonio, iniciada el 11 de mayo, suspendida y reanudada el 21 de ese mes, en dicha reunión, donde se determinó el tema de Santa Elena, solamente participaron los integrantes permanentes: el DAP, Cultura, Medio Ambiente, Infraestructura, Gestión y Control Territorial y la APP.

Una nueva construcción
Septiembre de 2021. Con la información entregada por el DAP, la iglesia ya no estaba dentro de la LICBIC. Ya con levantamiento topográfico y estudios de suelos, el administrador de la parroquia, padre Byron Saldarriaga Restrepo, fue a la curaduría para continuar el trámite hacia la demolición. Allí se encontró que para poder demoler se debe radicar también la solicitud de licencia para nueva construcción. Así las cosas, la parroquia contrató el diseño arquitectónico de la Iglesia y de la casa cural, de nuevo, con recursos de la feligresía. Ese contrato, pactado con HDB Ingeniería SAS, inició en septiembre y concluyó en noviembre de 2021. Esos diseños se encuentran en revisión por parte de la Junta de Arquitectura de la Arquidiócesis de Medellín. Se sabe que se están priorizando iglesia, casa cural, salones para reuniones y parqueaderos. No se sabe aún cuánto puede costar pero se cuenta con unos ahorros que tiene la parroquia y lo demás debe ser gestionado por la comunidad, pues la Curia o la Arquidiócesis no suministran recursos para este tipo de obras.

La conservación
Para Brenda Steinecke Soto, lideresa cultural de Santa Elena, prima la conservación del patrimonio. Ella afirma que “la iglesia hay que pensarla en relación al entramado del parque y el cementerio con sus significados simbólicos, en términos de espacio social de encuentro e interacción tradicional, que convoca, sobre todo, a propios del territorio, así como infraestructuras (cementerio, casa de gobierno, iglesia y parque) que materializan de forma casi única en el territorio su identidad fundamentada en la cultura, los saberes y las formas de vida campesinas. Y digo casi única, porque el espacio al frente de la Iglesia de Mazo, intervenido de forma violenta y desconociendo la visión de la población, es un ejemplo de lo que a futuro podría pasar con la centralidad de Santa Elena”. Agrega que “este entramado se conecta con el Plan Especial de Salvaguardia Silletero, en cuanto representa una infraestructura que refleja la historia del territorio: una nueva centralidad nace en el marco del trazado de la vía Medellín-Rionegro, las gentes de Santa Elena erigen de forma autogestionada y autónoma una iglesia. La centralidad de Santa Elena está marcada profundamente por este edificio, así como por la Casa de Gobierno y el Cementerio”.
En relación con lo que se plantea de demoler para hacer una nueva construcción, opina que “en términos tecnológicos es difícil que un edificio sea ‘imposible’ de repotenciar. La pregunta es más bien ¿cuánto vale y quién paga?” Y sugiere que se concrete una alianza público privada entre la Curia y el Municipio de Medellín para asegurar un tratamiento adecuado del parque, la iglesia, el cementerio y la Casa de Gobierno como símbolos de la historia y la cultura campesina que contiene la Manifestación Cultural Silletera.

Apropiación y sentido de pertenencia
Para el arquitecto Luis Fernando González Escobar, experto en temas de patrimonio e investigador participante en la restauración de la Casa Barrientos, El Jordán y los edificios Carré y Vásquez, que se diga que una edificación amenaza ruina o fue construida antes de la entrada en vigencia de la NSR10 no son argumentos suficientes para demolerla. “Si fuera porque son construcciones hechas antes de entrada en vigencia de la NSR10, habría que tumbar el 80 ó el 90% de la ciudad. Ese fue el argumento para tumbar la Casa Barrientos. Cuando entramos, los cimientos de una casa de tapia, del siglo XIX, que realmente ni tenía cimientos, era horrible, ya la habían saqueado buscando guacas y los muros se caían y se reconstruyó con éxito. En la Casa Jordán, hay unas tapias, hay que tumbarlas, decían los patólogos, porque se desploman, pues se consolidaron las tapias de la Casa del Jordán y ahí está”. Explica que para poder llegar a conclusiones definitivas sobre qué hacer con un edificio que tiene algún valor, no sólo deben tenerse en cuenta estudios de patología, estructurales, de suelos o geotécnico. Indica que debieron hacerse estudio histórico, proceso participativo con antropólogos y análisis de restauración. “El restaurador es el que toma en cuenta el estructuralista, el suelista, para decidir sobre los procesos restaurativos. Debería haber un estudio que tome las diferentes variables y las integre y eso es potestad del restaurador”, dice. Insiste en que “No por no estar en el LICBIC deja de ser un bien patrimonial, en el sentido de la comunidad. Eso tendría que resolverse en un proceso con la gente, en un debate donde se presenten todos los elementos y variables. Aunque ahí también hay detrás unos intereses de hacer negocios en un espacio urbano de la centralidad que tiene alta demanda y ha generado un aumento del precio del suelo ahí. Entonces no hay donde ampliarse y se necesita ese espacio. El tema con los patrimonios religiosos siempre es un problema porque son propiedades privadas”, señala. Finaliza diciendo que “En el patrimonio también hay que construir una democracia alrededor de los bienes que las comunidades consideran que son valiosos”.
Para Germán Jaramillo Uribe, director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, entidad restauradora de muchos bienes patrimoniales en Antioquia, “no es tan importante la declaratoria como sí la apropiación de la comunidad”. Y mencionó como ejemplo, la Iglesia de Sabaletas, en Montebello, con 500 años y que fue completamente restaurada a pesar de estar en ruinas, pero primó el valor cultural. Sugiere que se realice un peritaje para una segunda opinión.