Mesa de Concertación debatirá lo que ha estado ‘debajo del tapete’

Con la comprensión, por parte de todos los actores involucrados, de que éste es un momento complejo para el territorio, que tal vez las soluciones sean de largo plazo y, eso sí, seguros de que hay que hacer un pare ya, para frenar las construcciones ilegales y reforzar acciones de cuidado del medio ambiente, se conformó el miércoles 7 de junio una Mesa de Concertación integrada por representantes de la comunidad, compuesta por nativos, campesinos y silleteros incluidos; foráneos, finqueros, citadinos o nuevos habitantes*; afectados por las demoliciones y los procesos que viene realizando la Administración Distrital; la Junta Administradora Local; profesionales y asesores cercanos al tema; la Corregiduría y la Alcaldía de Medellín con toda su oferta institucional y la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, quien ha liderado la idea. Esta conformación es inicial, pues por sugerencia del Secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, Oscar de Jesús Hurtado Pérez, quien asistió a la reunión, se invitarán otros actores fundamentales en el proceso, algunos permanentes, otros a necesidad, según los temas que se traten, como curadurías; acueductos veredales; EPM; Corporación Parque Arví, Corantioquia; Cornare; Isvimed y ministerios de Medio Ambiente y Cultura.

Para conversar e intentar resolver
La Mesa de Concertación se creó la semana anterior (mayo 25), como un mecanismo para solicitarle a la Administración Distrital espacios de diálogo, luego de la demolición de una casa (15 de mayo) y otro procedimiento que iba a realizarse el día 29 y que fue suspendido porque, según las autoridades, no había garantías para llevarse a cabo. Durante esa reunión se hicieron 10 peticiones (ver nota publicada) y ya hay respuesta de parte de la Administración Distrital (ver comunicado descargable al final de este artículo).
Una nueva reunión de la mesa, abierta a la comunidad, se realizó el 7 de junio en la Casa de Cultura, con alrededor de 250 personas asistentes. En el espacio hubo varias intervenciones (ver video resumen al final de esta nota), primero los pobladores y luego las autoridades, para elegir, al final, los representantes de los diversos sectores afectados e involucrados que participarán de esa Mesa de Concertación.

Una historia compleja
El panorama está claro y no es agradable. También se sabe que no es un asunto que haya comenzado la semana anterior. Se trata de una serie de eventos desafortunados ocurridos durante los últimos 10, 15 ó 20 años; omisiones en los controles por parte de la Administración Municipal (hoy Distrital); falta de pedagogía constante sobre los cambios en los usos del suelo y las normas que impactaron el territorio; desarticulación de las entidades que debían acompañar los procesos y la ausencia de apoyo psicosocial a una comunidad campesina para el cambio forzoso de vocación económica. También el cinismo y aprovechamiento de los vacíos normativos y el caos institucional por parte de agentes externos (y varios de la región también) para construir de manera desmedida o para vender, lotear, parcelar y subdividir sin escrúpulo alguno (actividades que aún hoy, con este panorama y total descaro, siguen desarrollando).
Pero el conocimiento de lo que pasa no es suficiente, hace falta la ‘foto’ actual que indique la situación real y las condiciones de todos y cada uno de los predios de Santa Elena, por ahora, en la jurisdicción de Medellín. Aunque se sabe que el territorio es intercultural y se fusiona con otros municipios, este proceso de los controles urbanísticos se realiza sólo en Medellín.

Consecuencia
Algunos de los testimonios, como el de Berta Nubia Alzate, lideresa de la Vereda Mazo, señalan que lo que Santa Elena vive hoy no es más que una consecuencia de todo lo mencionado arriba. Esto, a pesar de que la comunidad, organizada y estudiosa, ha presentado propuestas que fueron concertadas los habitantes para intervenir las dificultades, como la entregada a la Administración en 2014 y con la que no pasó nada. A eso se suman, años de desconocimiento a la comunidad, sordera administrativa y corrupción pasada por parte de algunas autoridades, como Policía y corregidores, quienes recibieron dinero para frenar los procesos de control y las demoliciones. Pero también hay consenso en que ya no es hora de buscar responsables, sino sentar a quienes no se juntaron antes, para encontrar soluciones. Y, por supuesto, analizar los casos, que son tan particulares como habitantes hay en el territorio.
Hay caminos posibles y viables: modificaciones excepcionales al Plan de Ordenamiento Territorial; la revisión urgente a las densidades por parte de Corantioquia; el diagnóstico del estado actual, jurídico y predial de las propiedades de Santa Elena y la revisión, uno a uno, con lupa, de todos los expedientes y casos del corregimiento, entre otras.

Tipología de los problemas
En los días recientes, este medio de comunicación ha recibido múltiples mensajes en los que se narran dificultades puntuales, sentires, malestares que estaban ahí pero que apenas están saliendo a la luz. Para facilitar un poco la comprensión, aquí consignamos los que nos han contado hasta ahora:

• Nativos* con predios heredados, sin sucesión ni escrituras, que tienen su casa paterna y han construido en el predio paterno varias viviendas. Con el tiempo, muchos han vendido o han fraccionado más, sin ningún documento. Esto es una subdivisión informal que se vende mediante proindivisos (que es el derecho parcial sobre una propiedad). Aunque la figura es legal, es inconveniente, pues quien compra, sólo obtiene un mínimo porcentaje y adquiere varios problemas que van manifestándose con los días.
• Nativos* con predios más grandes, que decidieron conservar y proteger, pero ya hoy por ser zona de reserva no pueden construir pero tampoco reciben incentivos del gobierno por ese cuidado al medio ambiente.
• Nativos* que a medida que sus vecinos o ellos mismos venden, se sienten “arrinconados” con las costumbres de los recién llegados. Los problemas de convivencia están a la orden del día porque quien llega de la ciudad busca silencio (a veces sepulcral), sella y cierra servidumbres antiguas o pone problema por el agua o los animales. Los habitantes tradicionales son fiesteros, bullosos y tienen otras costumbres y afirman sentirse incómodos porque a la menor bulla, “nos tiran la policía”.
• Nativos* que han vendido, con toda la buena fe posible, a gente de la ciudad. Apenas el comprador tiene escritura, la cual les ‘pisó’ con una parte del dinero, promete pagar el resto y jamás vuelve a dar la cara. Este es uno de los casos más dramáticos y son varios. Los afectados no denuncian por miedo o por amenazas.
• Foráneos* que llegaron hace muchos años, hicieron su casa sin licencia, o compraron viejas casas campesinas y las reformaron sin ningún trámite.
• Personas que han comprado, creyendo en la hermosa y colorida publicidad que hacen los urbanizadores ilegales. Invierten los ahorros y no preguntan en Planeación, en la Curaduría o en los acueductos, si en ese lote se puede construir, si les dan licencia o si les pueden prestar el servicio del agua. Es importante recordar que en Santa Elena no opera EPM y que el agua la surten seis acueductos veredales que hoy están en serios aprietos por la sobrecarga de construcciones ilegales y por la proliferación de alojamientos. El dato entregado por Humberto Moncada, de la Finca La Bendición, es que en Santa Elena hay aproximadamente 200, de los cuales cerca del 80% no está formalizado para operar.
• Citadinos* que han comprado casas ya hechas, en zonas ubicadas en reserva o donde no se puede construir, sin ningún tipo de permiso o licencia y hasta con procesos de demolición en trámite.
• Construcciones que, a pesar de tener muchos años, hoy no son legalizables.

Ya era hora
En buen momento se logra la conformación de la Mesa de Concertación, pues como lo afirmaba la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, además nacida y criada en la Vereda Piedras Blancas, es un logro esperado por muchos años, pedido por la comunidad y que puede ser el punto de partida para solucionar las dificultades que cogieron ventaja.
Santa Elena necesita un pacto para la convivencia y la habitabilidad y eso quedó claro en la reunión del miércoles. Si no se conversa entre todos (sin distinciones) para dirimir diferencias, encontrar alternativas de solución y resolver los conflictos que hoy existen, no habrá forma de mantener y conservar el paraíso.

*El Periódico Viviendo Santa Elena, como una política editorial desde el año 2008, no utiliza los términos nativos, foráneos, citadinos, finqueros, neorrurales, neocampesinos, porque considera que dichas denominaciones ahondan los señalamientos y la estigmatización. Eso no significa que no reconozcamos los campesinos o los nuevos habitantes. Pero para no ahondar en los señalamientos y teniendo en cuenta que todos habitan el territorio, los nombramos como habitantes. Para efectos de lo que concierne a esta nota, por la importancia de esas representaciones específicas en la Mesa de Concertación, estamos nombrándolos como tradicionalmente los conoce la comunidad.