Se necesita un POT que no desplace a los campesinos
Por Ana Isabel Rivera Posada
Las restricciones que hoy impone el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín a los cinco corregimientos no permiten, en muchos casos, que la comunidad campesina pueda ejercer sus actividades, inmersas en procesos acelerados y agresivos de expansión urbana. Así lo manifestaron algunos líderes de la zona rural de la ciudad que asistieron al debate sobre la implementación del POT en los corregimientos, realizado en el Concejo de Medellín el 25 de abril.
Por su parte, los concejales de Medellín afirmaron que se requiere un POT que responda a las necesidades actuales de los cinco corregimientos. Problemáticas relacionadas con vivienda, educación, infraestructura, movilidad y medio ambiente de estas localidades fueron expuestas en el debate liderado por el corporado Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
Zuluaga Díaz aseguró que existen varias discrepancias entre el Departamento de Administrativo de Planeación, DAP, y Corantioquia en lo relacionado con el POT e indicó que en su proyección no hubo concertación en amenazas de riesgo, reserva ecológica, determinantes ambientales, usos del suelo, polígonos agroforestales y protección comercial y residencial.
Afirmó que los corregimientos de la capital antioqueña están atrasados en su desarrollo, debido a que la norma que los rige no es compatible con la actual dinámica social. Se requieren, ajustes, correcciones y complementaciones que, sin ir en contravía a lo estipulado en términos generales, sirvan para reorientar una política territorial rural.
Distrito Rural Campesino
Sobre este tema, el concejal solicitó continuar con el avance de las fases que todavía están pendientes, exactamente un 50%, especialmente la formulación que, según el DAP, se hará en este 2018. Hizo énfasis en la definición de acciones que promuevan proyectos, planes y espacios para la economía, la cultura y el disfrute de estas comunidades de acuerdo con las características particulares de cada una.
Por su parte, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez manifestó que es urgente la entrega de un estudio hidrográfico por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para darle un orden al POT respecto a la ubicación de quebradas y demás fuentes hídricas que frecuentemente limitan los múltiples usos del suelo. Durante su exposición, presentó un balance del nivel de vida de las personas que habitan los corregimientos el cual, aseguró, es deprimente. Según los resultados arrojados por la Encuesta de Calidad de Vida 2017, el entorno y calidad de vivienda no supera el 30%, al igual que el grado de escolaridad, el acceso a los servicios públicos y las rutas de movilidad. Señaló la falta de articulación entre las Secretarías que intervienen en los procesos rurales, por lo cual hizo un llamado para trabajar de manera conjunta, garantizando condiciones mínimas de habitabilidad y cumplimiento de las políticas definidas en el POT.
Macroproyectos
En su participación, el concejal Héctor Francisco Preciado, exigió soluciones efectivas frente a las problemáticas que se expusieron, entre ellas, las afectaciones generadas por las obras de los Túneles de Oriente (Santa Elena) y Occidente (San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal). Agregó, que es vital conocer cuáles son las causas que ocasionaron dichos daños para corregirlas. De igual forma, aseguró que es necesario actuar de manera coherente en relación con las inspecciones urbanísticas, “si pedimos control y vigilancia, debemos respetarlas”, puntualizó. Por lo anterior, manifestó su respaldo a las autoridades y funcionarios que actualmente cumplen con la tarea de cumplir con las instrucciones legales.
Los concejales que tomaron la palabra insistieron en que los corregimientos tienen graves problemas de toda índole, sin desconocer que se han hecho inversiones considerables en el suministro de agua potable, acceso a la salud, construcción de escenarios deportivos y jardines infantiles. No obstante, las necesidades recogidas en esta sesión deberán servir como herramienta de trabajo a la Administración Municipal para avanzar en la solución acertada de todas éstas en el menor plazo posible, añadieron.
Falta control al control
Por su parte, la concejal Luz María Múnera, dijo que las obras que la comunidad necesita para vivir en los corregimientos no se están haciendo. Llamó la atención sobre las labores de Corantioquia como autoridad ambiental y dijo que hace unos años la entidad presentó un estudio amplio con varias alertas en los corregimientos pero al parecer “escribieron el estudio y ya, ¿dónde ha estado Corantioquia en estos años? Ustedes son autoridad ambiental, compórtense como tal”. Preguntó a la Administración Municipal cómo se está mejorando la producción rural y dónde están los resultados y proyectos que se han consignado en tantos documentos de diagnóstico sobre la ruralidad de Medellín que se han hecho en el pasado. Recordó la importancia de los Planes de Ordenamiento Corregimental (PEOC), el Atlas Veredal y las Estrategias Corregimentales (ECO), de las cuales hoy no se sabe nada. Y concluyó que también los corregidores tienen una responsabilidad con los corregimientos y que debían cumplir sus tareas a cabalidad.
Desde Planeación
La directora del DAP, Ana Cathalina Ochoa Yepes, se refirió al ordenamiento jurídico que rige al suelo rural, los tratamientos y sus usos. Respecto a la red hídrica, explicó que se definió una metodología para la delimitación de las áreas de protección a nacimientos y retiro de cuerpos de agua y tratamiento de mejoramiento integral. De igual forma, expuso que todos los instrumentos de planeación y financiación van encaminados a la protección de los recursos y la forma de vida campesina.
En su presentación, el secretario de Gestión y Control Territorial, José Nicolás Duque Ossa, indicó que su dependencia cumple con las obligaciones urbanísticas contempladas en el POT, mediante el análisis de las licencias urbanísticas, visitas técnicas de verificación de la construcción, valoración por obligación, por concepto de cesión de suelo y procedimientos de avalúos. Agregó que la construcción de viviendas es un proceso de corresponsabilidad, en el que ambas partes deben cumplir con la normatividad dispuesta.
Al respecto, los Corregidores manifestaron su interés para que el POT se actualice, teniendo en cuenta que nuevas formas de vida ven los corregimientos como espacios atractivos para habitar, aumentando con ello el costo de la vivienda y por ende la informalidad.
La comunidad
Representantes de la comunidad expresaron que el POT establecido en 2014 buscaba ser incluyente y acorde con la realidad de los territorios para evitar la densificación del campo y crecer en altura bajo unas condiciones ordenadas, sin embargo, estos propósitos se han perdido vulnerando los derechos de igualdad, equidad y desarrollo sostenible.
Para Manuel Salazar, de San Sebastián de Palmitas, el suelo de su corregimiento no debe ser el 70% de uso forestal protector como hoy lo es y espera que el POT no sea un instrumento de desplazamiento de los campesinos.
Para líderes del corregimiento de Altavista y Santa Elena es urgente revisar el POT, pues “toda intervención o acción de desarrollo del territorio no debería estar amarrada a dicho instrumento”, afirmaron.
Según Alexis Mejía, presidente de la Junta Administradora Local (JAL) de San Antonio de Prado, el POT cumplió cuatro años, pero sin reglamentación se queda corto. Agregó que la ciudad no coincide con lo que está en el papel y mucho menos con lo que se ve en el territorio. Manifestó su preocupación por la forma cómo se han otorgado las licencias urbanísticas para empresas que hoy en San Antonio de Prado contaminan las fuentes de agua, el aire y el ambiente del corregimiento, afectando la salud de sus habitantes. Dijo que hacen falta controles más estrictos para que los protocolos ambientales sí funcionen.
Por su parte, Aicardo Arroyave, presidente de la JAL de San Sebastián de Palmitas, dijo que era necesario crear una curaduría especial para los corregimientos. Dijo que el desarrollo está truncado por el POT y que una de las consecuencias es que los productos agrícolas no llegan a las plazas de mercado.
Johnny Acevedo, edil de Altavista, expresó que hay contradicciones. “Para unos temas somos rurales, para otros urbanos” y llamó la atención sobre la falta de herramientas jurídicas de los corregidores para hacer control urbanístico, pues “ponen en riesgo su vida para cualquier actuación relacionada con estos controles”.
Carlos Quiceno, edil de San Antonio de Prado, dijo que era fundamental contar con una Gerencia de Corregimientos con recursos para poder resolver las dificultades de los corregimientos y agregó que en San Antonio de Prado las vías son obsoletas, así como las infraestructuras de los acueductos veredales.
Carlos Mario Uribe, exconcejal y líder de San Antonio de Prado, indicó que Corantioquia no se ha dado cuenta de la importancia que la entidad tiene para los corregimientos y para esa implementación del POT.
Por su parte Gildardo Betancur, de San Antonio de Prado, habló de la necesidad de un fondo para atender emergencias por cambios climáticos, de poner en marcha estrategias de comercio justo (para lograr comercializar los productos a buen precio), educación contextualizada y articulación de las mujeres, que, insistió, son muy importantes en todos los procesos de la vida campesina de los corregimientos.
Finalizó Carmen Quiróz, representante de la ruralidad de San Antonio de Prado, quien afirmó que las mujeres campesinas de su corregimiento no se ven incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, ni en el Plan de Desarrollo Local y manifestó que es necesario que sean incluidas en todas y cada una de las actividades que tienen que ver con el desarrollo del territorio.