Suspenden licencia urbanística a parcelación en El Establo
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El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín decretó la medida cautelar de suspensión de manera provisional de la licencia urbanística de parcelación, subdivisión, aprobación de planos para propiedad horizontal y permiso de enajenación al proyecto “Cerros de Vasconia”, ubicado en la Vereda San Ignacio, en el lote conocido como El Establo. La solicitud de nulidad de la licencia la hizo la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare – Cornare-. En dicha petición demanda al Municipio de Guarne por la expedición de dicha licencia que, hasta la fecha, dicha administración no ha anulado a pesar de estar afectando un lote dentro del Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare o Reserva Nare.
Los hechos
Según el fallo del juzgado, Cornare solicitó la suspensión provisional de la Resolución 170 del 8 de julio de 2021, proferida por el Secretario de Planeación del municipio de Guarne, “Por medio del cual se expide licencia urbanística de parcelación, subdivisión, aprobación de planos para propiedad horizontal y permiso de enajenación”. Afirmó Cornare en la solicitud que dicho acto administrativo “fue expedido irregularmente al desconocer normas de carácter ambiental de mayor jerarquía, contrariando abiertamente la Constitución Política y la legislación vigente”.
De igual forma, “autorizó la subdivisión del predio localizado en la Reserva Forestal Protectora del Nare, en cuatro etapas, la primera de ellas para ser, a su vez, dividida en 26 lotes con extensiones inferiores a una hectárea, de lo que infiere implicará una vivienda por lote subdividido. Indica que las normas ambientales contenidas en los Acuerdos 430 de 2010 y 250 de 2011, autorizan la subdivisión predial de lotes en un mínimo de 10.000mt2 (1 hectárea) y permiten sólo una vivienda por cada 10.000mt2.”
Sustentó Cornare que “el acto administrativo antes citado y cuestionado con la demanda, contraviene normas urbanísticas y ambientales, poniendo en peligro los objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora del Nare”. Así mismo, “se señala como vulnerada la Resolución No. 1510 de 2010, por la cual se resolvió redelimitar el Área de Reserva Forestal Protectora del Río Nare”.
Cornare indicó que basó su petición en “la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa y el derecho colectivo a un ambiente sano, en tanto la referida resolución, al conceder la licencia urbanística, pone en peligro los objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora del Nare”.
La medida cautelar
Explicó el juez en el fallo que “frente a la medida cautelar solicitada por la parte demandante, no se presentó oposición alguna por parte del ente territorial, ni de los terceros vinculados quienes guardaron silencio y tampoco se aportaron medios acreditativos que permitieran controvertir los argumentos”. Y agregó que su despacho, revisando el proceso, encontró “elementos de juicio suficientes para determinar la necesidad de adoptar medidas para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, en tanto se busca evitar se adelanten obras que contraríen las normas urbanísticas y ambientales aplicables, y con ello, a su vez, evitar y prevenir la afectación de un interés general derivado de la conservación y protección que exige la Reserva Forestal Protectora Nacional del Rio Nare”.
Oídos sordos
De otro lado, aunque la comunidad aledaña afectada por las obras solicitó a la Inspección de Policía de Guarne hacer efectiva con urgencia la medida cautelar de suspensión de la licencia y parar las obras, la inspección respondió que ejecutar la orden corresponde a la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Guarne.
Por su parte, la Administración Municipal de Guarne continúa desconociendo su responsabilidad en la problemática. No sólo no anuló la licencia urbanística, solicitud que ya le había hecho Cornare, sino que ante esta medida cautelar tampoco responde a solicitudes de información de cómo va el proceso o acciones de seguimiento. Aunque desde Viviendo Santa Elena solicitamos, a través de la comunicadora del municipio, concepto oficial al alcalde, Fabián Marcelo Betancur Rivera o del secretario de Planeación y Desarrollo, Deiner Díaz López (no se sabe si ha cambiado, este es el que aparece en la web municipal) sobre la decisión del juzgado, no recibimos ninguna respuesta.
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